Cuando se habla de la participación de las mujeres en la economía mexicana, los argumentos giran sobre la igualdad de oportunidades, la brecha salarial o la representación en puestos de liderazgo temas que, sin duda, son relevantes, pero ¿cuánto crecimiento económico pierde México cada año porque millones de mujeres enfrentan obstáculos para incorporarse y permanecer en el mercado laboral?
La quinta edición del informe Estados #ConLupaDeGénero 2026, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), ofrece elementos para responder esa interrogante.
Aunque el documento presenta un ranking de las 32 entidades federativas, su verdadero valor radica en mostrar que la participación económica femenina no depende únicamente de la existencia de empleos. También está determinada por factores como la educación, la seguridad, la infraestructura de cuidados, la informalidad laboral y la posibilidad de que las mujeres construyan autonomía económica.
Datos contundentes
En México, 31.6 millones de personas de 15 años y más realizan labores de cuidado sin recibir remuneración, y tres de cada cuatro son mujeres.
A ello hay que agregar que nueve de cada diez personas que abandonan el mercado laboral para dedicarse al cuidado de otras personas también son mujeres, un fenómeno con repercusión directa sobre la economía porque menos personas trabajando significa menor producción, menor consumo, menor recaudación fiscal y una base más reducida para financiar el crecimiento nacional.
No es casualidad que el propio IMCO considere que fortalecer la participación económica femenina debe entenderse como una estrategia de desarrollo económico para las entidades federativas, más allá de una política de igualdad.
El crecimiento económico no depende exclusivamente de atraer inversiones, construir infraestructura o aumentar las exportaciones, aprovechar el talento disponible es un factor cada vez más determinante.
El informe evalúa a las entidades mediante 16 indicadores agrupados en tres grandes pilares: las condiciones para que las mujeres entren al mercado laboral, las condiciones para permanecer en él y los elementos que les permiten desarrollar autonomía económica; es decir, importa también si puede conservarlo, si cuenta con servicios de cuidado para sus hijos o familiares, si tiene acceso a transporte seguro, si trabaja en la formalidad, si posee patrimonio propio o si depende económicamente de terceros.
Números, cifras… realidades
Solo 45% de las mujeres mexicanas cuenta con al menos educación media superior, condición que amplía significativamente las oportunidades de acceder a empleos mejor remunerados. Aunque 23 entidades registraron avances respecto al año anterior, las diferencias regionales siguen siendo amplias.
A ello se suma el hecho de que las mujeres dedican 35 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, mientras que los hombres destinan apenas 15 horas; una diferencia de 58.4% más de tiempo invertido por ellas en actividades que sostienen la vida cotidiana, pero que no generan ingresos ni aparecen en las cuentas nacionales.
Esa segunda jornada laboral reduce el tiempo disponible para estudiar, trabajar, emprender o capacitarse, por lo que el IMCO advierte que la creación de un sistema nacional y estatal de cuidados es ya un asunto económico.
En 2026, México destinó un presupuesto equivalente al 1.2% del Producto Interno Bruto para políticas de cuidados, pero el organismo estima que esa cantidad debería ser 1.8 veces mayor para responder a la demanda existente.
Problemas estructurales
La clasificación estatal es el aspecto más visible del informe.
Baja California Sur ocupa el primer lugar nacional gracias a una combinación de factores que incluyen el mayor nivel de independencia económica entre las mujeres, la menor pobreza laboral y la implementación del permiso de paternidad más amplio del país para trabajadores estatales: 84 días con goce de sueldo, equivalente a la licencia de maternidad.
Le siguen Ciudad de México y Nuevo León, mientras que Oaxaca permanece en el último lugar del índice debido principalmente a la elevada informalidad laboral, la baja autonomía económica y la limitada participación femenina en el emprendimiento formal.
Pero la realidad es más compleja que una simple clasificación.
Oaxaca, por ejemplo, figura entre las entidades con mayor cobertura de cuidados para la primera infancia y presenta bajos niveles de percepción de inseguridad en el transporte público respecto a otros estados. Por el contrario, Baja California Sur, aun siendo el primer lugar nacional, aparece entre las entidades con mayores tasas de delitos sexuales registrados. Esto demuestra que ningún estado ha resuelto todos los componentes que condicionan la participación económica femenina.
Más cifras, menos avances
Ninguna entidad alcanza un nivel de desempeño considerado “muy alto”. 15 estados mejoraron respecto a la edición anterior, doce retrocedieron y cinco permanecieron sin cambios, reflejando avances desiguales y retos persistentes en todo el país.
Los datos laborales también muestran fuertes contrastes.
La informalidad femenina alcanza 76.9% en Oaxaca, mientras que Chihuahua registra 31.1%, la menor proporción nacional. La diferencia implica acceso desigual a prestaciones, seguridad social y estabilidad laboral.
En materia salarial, las mujeres perciben 12.8% menos ingresos que los hombres a nivel nacional, aunque la magnitud de la brecha cambia considerablemente entre entidades.
El emprendimiento tampoco escapa a estas desigualdades.
Solo 15.9% de las mujeres emprendedoras opera en la formalidad, y veinte estados registraron retrocesos respecto a la edición anterior.
La autonomía económica también enfrenta obstáculos importantes.
En Veracruz, 37.7% de las mujeres no percibe ingresos propios, mientras que en Baja California Sur esa proporción disminuye a 17.1%. La diferencia refleja dos realidades completamente distintas respecto a la capacidad de tomar decisiones económicas independientes.
Otro dato revela la magnitud del desafío en materia de cuidados. Apenas 37.7% de los niños de entre cero y cinco años asiste a un centro de atención infantil. Incluso Colima, la entidad con mayor cobertura, no alcanza a atender a la mitad de esa población.
Al observar el conjunto de indicadores, resulta evidente que el problema no consiste únicamente en crear más empleos.
También implica garantizar que existan condiciones para que las mujeres puedan aceptar esos empleos, conservarlos y desarrollarse profesionalmente.
¿Conclusiones?
El informe del IMCO trasciende el debate sobre igualdad de género porque, como ya se dijo, México ha buscado elevar su productividad mediante inversión, infraestructura, tratados comerciales y modernización industrial, todas ellas herramientas indispensables, pero el crecimiento también depende de aprovechar el talento disponible.
Mientras millones de mujeres continúen enfrentando barreras para participar en la economía remunerada, el país seguirá operando por debajo de su verdadero potencial y el costo a pagar podría ser demasiado alto…
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