Cuando una persona desaparece en México, la respuesta no depende de una sola institución. En teoría, desde el momento en que un familiar presenta el reporte comienza a operar una maquinaria integrada por fiscalías, comisiones de búsqueda, corporaciones policiales, autoridades migratorias, servicios forenses, bases de datos nacionales y decenas de dependencias federales y estatales, con el objetivo de localizar a la persona desaparecida.
Sobre el papel, el sistema parece capaz de responder a cualquier emergencia. En la práctica, sin embargo, el propio Estado reconoce que miles de expedientes nunca llegan siquiera a convertirse en una investigación formal.
El primer paso
Durante años, el destino de miles de casos se decidía de acuerdo con la presentación de un reporte o la apertura de una carpeta de investigación. Un familiar podía denunciar una desaparición y, aun así, pasar días antes de que existiera una investigación ministerial formal. El propio Gobierno federal catalogó ese problema como una de las principales debilidades del sistema.
Por ello, las reformas publicadas en julio de 2025 establecieron que toda denuncia por desaparición debe generar de inmediato una carpeta de investigación, eliminando uno de los principales obstáculos que retrasaba las primeras diligencias.
La reforma también creó la Alerta Nacional de Búsqueda, la Base Nacional de Carpetas de Investigación y la Plataforma Única de Identidad; fortaleció el Banco Nacional de Datos Forenses y amplió las facultades operativas de la Comisión Nacional de Búsqueda. Además, obligó a todas las entidades federativas a contar con fiscalías especializadas y reforzar la coordinación con las comisiones estatales de búsqueda.
Una vez presentado el reporte, la coordinación corresponde principalmente a la Secretaría de Gobernación que, a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, administra el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, coordina a las comisiones estatales y articula buena parte del intercambio de información entre instituciones.
Según explicó la secretaria Rosa Icela Rodríguez durante la presentación de la Estrategia Nacional de Búsqueda, la Alerta Nacional distribuye automáticamente la información de la persona desaparecida a la Fiscalía General de la República, las 32 fiscalías estatales, las comisiones locales de búsqueda, la Guardia Nacional, corporaciones policiales y diversos actores privados considerados estratégicos, entre ellos aeropuertos, centrales camioneras, hoteles y empresas telefónicas.
De acuerdo con el Gobierno federal, participan 512 instituciones públicas, privadas y sociales en dicho mecanismo.
En paralelo, la Comisión Nacional de Búsqueda coordina las acciones de búsqueda, administra el Registro Nacional, integra bases de datos y mantiene la coordinación operativa con las comisiones estatales. Luego se confirmó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, recorrerían las seis regiones del país para reunirse directamente con los colectivos y las familias que buscan a personas desaparecidas.
Estrategia oficial
Para la presidenta Claudia Sheinbaum, la desaparición de personas es “una herida que requiere la atención más prioritaria del Gobierno de México”, por lo que durante la presentación de la Estrategia Nacional de Búsqueda, el 27 de marzo de 2026, sostuvo que su administración inició una nueva etapa para garantizar la verdad, la justicia y la búsqueda de las personas desaparecidas.
En ese mismo mensaje distinguió dos momentos históricos del fenómeno: las desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado durante la Guerra Sucia y las vinculadas a la delincuencia organizada desde finales del siglo pasado.
A partir de ese diagnóstico, el Gobierno planteó una estrategia orientada a fortalecer las capacidades institucionales de búsqueda e investigación. Luego, hace algunos días, la Secretaría de Gobernación reiteró que las observaciones formuladas por los colectivos de búsqueda serán incorporadas al fortalecimiento de esa estrategia porque la prioridad es mejorar la coordinación institucional y fortalecer los mecanismos de identificación humana a través del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Según la información presentada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el registro acumulaba 394 mil 645 expedientes entre 1952 y 2026. De ellos, 262 mil 111 personas habían sido localizadas y 240 mil 211 fueron encontradas con vida.
Sin embargo, 132 mil 534 personas permanecían desaparecidas o no localizadas.
La revisión oficial también identificó que 46 mil 742 expedientes carecen de información suficiente para desarrollar una búsqueda efectiva, mientras que otros 40 mil 308 registros presentan actividad administrativa posterior al reporte y permanecen sujetos a verificación.
El propio Gobierno informó que existen 43 mil 128 expedientes con información suficiente para identificar plenamente a la persona desaparecida; sin embargo, únicamente 3 mil 869 cuentan con una carpeta de investigación o una averiguación previa y otros 26 mil 611 permanecen únicamente como reportes administrativos.
Institucionalidad y realidad
La respuesta oficial sostiene que México cuenta hoy con un sistema nacional de búsqueda fortalecido mediante nuevas herramientas legales, protocolos homologados, bases de datos nacionales, sistemas de alerta y mecanismos de coordinación entre prácticamente todos los niveles de gobierno.
Pero la información pública también muestra vacíos: no hay indicadores públicos que permitan evaluar el impacto concreto de las reformas aprobadas en 2025, conocer el presupuesto efectivamente ejercido para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda o medir objetivamente los resultados de las nuevas herramientas creadas por la reforma.
Las cifras oficiales muestran además que más de 132 mil personas continúan desaparecidas o no localizadas, que decenas de miles de expedientes carecen de información suficiente para iniciar una búsqueda efectiva y que miles de casos permanecen sin una investigación ministerial formal.
La respuesta institucional del Estado mexicano se ha fortalecido en términos legales, administrativos y de coordinación. Sin embargo, los propios datos oficiales indican que esa arquitectura continúa enfrentando dificultades para traducirse en resultados acordes con la magnitud de la crisis.
Puedes encontrar la primera entrega de este reportaje aquí.
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