¿Dónde están? (II): autoridades rebasadas

Investigar la desaparición de una persona no empieza cuando la familia presenta un reporte o una denuncia, es solo una parte del proceso. Mientras esperan información oficial, familiares y amigos comienzan a reconstruir los últimos momentos de la persona desaparecida. Llaman a hospitales, recorren instituciones, preguntan en centros de detención, consultan con conocidos, revisan lugares donde pudo haber estado y difunden fotografías entre redes familiares y comunitarias.

Gustavo, de 12 años de edad, tenía que estar en su casa a las 8 de la noche de aquel 21 de marzo, luego de salir de la escuela. Sus familiares dieron una hora de tolerancia confiando en que en cualquier momento llegaría… pero él no apareció. La búsqueda empezó esa misma noche con la ayuda de familiares y amigos. Sus padres hablaron con las autoridades del plantel, presentaron la denuncia, recrearon todos sus movimientos. La última persona que le vio fue uno de sus compañeros, con quien había caminado hasta la parada del transporte público… eso sucedió hace 26 años…

Durante las primeras horas, la información puede ser determinante. Una fotografía reciente, una ubicación, una llamada, un mensaje o un testimonio pueden aportar elementos para saber qué ocurrió. Conforme pasan los días, muchas familias amplían sus acciones y recurren a herramientas que van más allá de los procedimientos oficiales.

Cuando la respuesta no llega

Las redes sociales se convirtieron en uno de los primeros espacios utilizados para visibilizar una desaparición: fotografías con nombres, edades, características físicas y datos del último contacto circulan diariamente en plataformas digitales con la esperanza de que alguien pueda aportar información bajo la lógica de que una persona desaparecida pudo haber sido vista por alguien que no conoce a la familia, pero que puede tener un dato relevante.

La búsqueda deja limitarse al círculo cercano y se convierte en una convocatoria abierta. Familiares y amigos realizan recorridos por hospitales, servicios médicos forenses, albergues, centros penitenciarios y otros lugares donde podría existir información sobre el paradero de una persona.

Se ven obligados a aprender procesos desconocidos: cómo solicitar información, cómo documentar avances, cómo organizar expedientes y cómo insistir ante distintas instituciones. La desaparición de una persona transforma la vida cotidiana de las familias y la búsqueda deja de ser una actividad temporal y se convierte en una tarea permanente.

Indicador	Gobierno de México	Colectivos, ONG y organismos internacionales
Registros históricos de personas desaparecidas (1952-2026)	394,645 registros acumulados	Reconocen el registro, pero advierten que no refleja la totalidad de los casos por subregistro y deficiencias en denuncias.
Personas desaparecidas y no localizadas	132,534	Consideran que la cifra puede ser mayor debido a registros incompletos y problemas de identificación.
Personas localizadas	262,111	No disputan las localizaciones, pero cuestionan los criterios para considerar un caso resuelto.
Personas localizadas con vida	240,211 (92% de las localizadas)	Sin cifra propia.
Casos registrados entre 2006 y 2026	130,178	Coinciden en que el periodo concentra la mayor parte de la crisis contemporánea.
Casos sin información suficiente para iniciar búsqueda	46,742	Consideran que esta falta de información refleja deficiencias institucionales.
Casos con datos suficientes y actividad posterior a la desaparición	40,308	Colectivos cuestionan que esa actividad administrativa implique automáticamente que la persona fue localizada.
Casos con carpeta de investigación dentro del grupo plenamente identificable	3,869	Señalan un rezago importante en judicialización e investigación.
Colectivos de búsqueda activos	Sin cifra oficial	Más de 230 colectivos de familiares en el país.
Restos humanos sin identificar	El Gobierno reconoce la crisis forense, sin una cifra única en el informe citado.	Más de 72,000 restos sin identificar.

La organización social

Ante la magnitud del fenómeno y las dificultades para obtener resultados, familiares de personas desaparecidas comenzaron a crear organizaciones civiles y colectivos de búsqueda, grupos que surgieron como espacios de acompañamiento, intercambio de información y presión pública, pero también como lugares donde las familias aprendieron herramientas para buscar por cuenta propia.

Uno de los primeros movimientos con mayor impacto fue Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), surgido en esa entidad en 2009, después del incremento de los casos de desaparición registrados. El colectivo se convirtió en uno de los referentes nacionales en la exigencia de búsqueda e investigación, además de participar en procesos de diálogo con autoridades y organismos internacionales.

En la zona del Golfo de México, el Colectivo Solecito de Veracruz adquirió relevancia a partir de 2014, cuando familiares comenzaron acciones de búsqueda ante la falta de respuestas suficientes para localizar a sus seres queridos. Su trabajo permitió visibilizar la dimensión de las fosas clandestinas en la entidad y colocó la participación de familiares en campo como uno de los elementos centrales del fenómeno de desaparición en México.

En Sonora, las Madres Buscadoras de Sonora surgieron en 2019 y se convirtieron en uno de los colectivos más conocidos del país por sus búsquedas en campo y la difusión de casos a través de redes sociales. Sus integrantes desarrollaron una metodología basada en información ciudadana, recorridos territoriales y acompañamiento entre familias.

En Jalisco, los colectivos familiares han tenido un papel central frente a una entidad que concentra una de las mayores cantidades de reportes de personas desaparecidas. Organizaciones como Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ) han trabajado durante años en acompañamiento, búsqueda y exigencia de resultados.

Una red ciudadana

Los colectivos no sustituyen legalmente a las autoridades responsables de investigar y buscar, pero en la práctica han asumido funciones que durante años fueron impulsadas principalmente por las familias: han creado redes de información, acompañado denuncias, participado en búsquedas de campo, identificado problemas institucionales y mantenido visibles miles de casos.

“A partir de la llamada «Guerra contra el Narco» el fenómeno de las desapariciones no ha dejado de crecer. Somos miles de familiares organizados buscando en todo el país a nuestros seres queridos y nos detendremos hasta encontrarles a todos y todas”. MOVIMIENTO POR NUESTROS DESAPARECIDOS EN MÉXICO

La organización de familiares también permitió impulsar cambios legales e institucionales y uno de los más importantes fue la presión social para la creación de un marco especializado para atender las desapariciones, incluida la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Sin embargo, la existencia de nuevas instituciones no eliminó las críticas sobre la capacidad del Estado para responder a la magnitud del problema.

México bajo la lupa

Organismos internacionales han reconocido los avances normativos de México, pero también han señalado dificultades relacionadas con investigación, coordinación institucional, impunidad e identificación forense.

El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ha expresado preocupación por la dimensión del fenómeno y por los obstáculos que enfrentan las familias durante los procesos de búsqueda e investigación mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha señalado que las desapariciones en México representan un desafío estructural que requiere fortalecer las capacidades institucionales y garantizar respuestas efectivas.

Tema	Postura del Gobierno	Postura de colectivos, ONU, CIDH y HRW
Magnitud del problema	Existe un registro nacional en permanente actualización y una estrategia de búsqueda.	La crisis sigue siendo estructural y de dimensiones extraordinarias.
Localización de personas	Dos de cada tres personas reportadas son localizadas.	La localización no resuelve por sí sola el problema de verdad, justicia e investigación.
Papel de las familias	Participan dentro del Sistema Nacional de Búsqueda.	Han tenido que asumir funciones que corresponderían al Estado.
Búsqueda en campo	Es responsabilidad de fiscalías y comisiones de búsqueda.	Gran parte de los hallazgos relevantes han sido impulsados por colectivos ciudadanos.
Identificación forense	Se fortalecen capacidades institucionales.	La crisis forense continúa siendo uno de los principales obstáculos para resolver desapariciones.
Coordinación institucional	Se han creado nuevas plataformas, protocolos y mecanismos nacionales.	Persisten problemas de coordinación entre fiscalías, comisiones y servicios forenses.
Evaluación general	Se ha fortalecido el marco legal e institucional.	Persisten impunidad, rezagos y una crisis de derechos humanos que exige cambios estructurales.

El problema no se limita a la existencia de leyes o instituciones, sino a su funcionamiento cotidiano.

Las familias organizadas surgieron porque mientras las instituciones tardan en responder, la ausencia de un ser querido exige actuar de inmediato. De ahí que la búsqueda de personas desaparecidas ocurra en dos espacios paralelos: el institucional, formado por fiscalías, comisiones de búsqueda y organismos públicos, y el social, conformado por familias, colectivos y ciudadanos que decidieron organizarse para intentar responder a una pregunta cuyo propio planteamiento duele y lástima: ¿Dónde están?

La primera parte de este reportaje la encuentras aquí