Sin el ánimo de vaticinar, el siguiente proceso electoral tendrá repercusiones en los partidos aliados a Morena. No escucharon ni a la Presidente ni a la gente, porque no están cercanos a ninguno ni en lo ideológico ni en la realidad. Parte del discurso que habrá en su contra será el interés de su partido en su grupo y continuar con las canonjías que les da el poder del Poder Legislativo, así como las grandes cantidades de dinero que obtienen.
No les interesa la gente a la que dicen representar. Es un asunto de negocios: dinero y poder. Lo demás es engaño a los incautos que votan por ellos.
El asunto es que tienen poder. Tal es, que pueden vetar una determinación avalada desde el Senado de la República, con tan solo mover sus grupos dentro de la Cámara de Diputados: La reforma electoral fue aprobada en comisiones con los votos del partido en el poder, sin el apoyo de sus presuntos aliados: El Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), y el Partido del Trabajo (PT).
No obstante, al final se aprobó en lo general el Plan B en materia electoral de la titular del Poder Ejecutivo Federal. Los legisladores de los partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano, algunos, votaron a favor, mientras Acción Nacional y el Revolucionario Institucional en contra. Se modifican los artículos 115, 116 y 134; ahora, el trámite para enviarla a los poderes legislativos de los estados.
Los cambios son relativos a establecer un límite al presupuesto de los congresos locales, reducción de regidores en municipios y disminuir la remuneración de consejeros y funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), al igual que en los tribunales electorales para que no sea mayor al que percibe el del jefe(a) del Ejecutivo Federal.
Esta reforma pretende, no un ahorro, sino que unos 4 mil millones de pesos –según los promoventes, aunque la oposición refirió 2 mil millones de pesos– sean destinados a gasto de infraestructura y beneficio comunal en los ayuntamientos, además de acabar con privilegios en municipios, al disminuir regidurías y síndicos, entre otros.
Sin embargo, la reforma original enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dista mucho de lo aprobado, ya que planteaba la modificación de 11 artículos de la CPEUM para reducir alrededor del 25% del financiamiento público al sistema electoral, ya que, según la página de la Segob, el sistema electoral mexicano es el uno de los más caros del mundo, y el tercero en América:
El costo de las instituciones electorales por persona, en dólares, es de 23.8 en EU, 9.3 en Canadá, 9.07 México, 7.3 Perú y Nicaragua, entre los más altos. Y según el INE, en el 2025, el financiamiento público federal a los partidos fue de $7,354,266,504.00, cifra superior a algunas dependencias muy importantes en materia ambiental y de otros rubros.
También abordaba la prohibición de dinero procedente del extranjero, recorte del 27% del tiempo oficial en radio y televisión, etiquetado obligatorio para contenido hecho con IA, mayor control financiero a partidos y candidaturas, la revocación de mandato y cambiar el método para elegir a plurinominales, entre los principales.
Me interesa abordar dos puntos: Los recursos que se destinan a cada organización política y el manejo de plurinominales.
Como mencioné líneas arriba, es mucho el dinero que se destina a cada organismo partidista; evidentemente, el de mayor votación tiene mayor porcentaje. Sin embargo, el manejo del dinero en cada partido lo hace el presidente, que no es lo mismo que el dueño en algunas como el PVEM o MC. Es por todos sabido que se distrae una parte importante de los recursos destinados a rubros como los que indica la autoridad electoral.
Cada uno de quienes presidieron esos negocios se hizo de recursos importantes que resolvieron sus vidas económicas y de algunas de sus generaciones de descendientes, y les alcanzó a otros para fundar otras organizaciones de la sociedad civil –antes ong, también gran negocio que puede obtener donaciones de cualquier parte del mundo– o dejar la empresa política en manos de su hijo e integrantes de su grupo, como el caso del PVEM.
El caso del Revolucionario Institucional es diferente, ya que por décadas los grupos políticos a su interior pugnaban entre sí por el poder, pero llegaban a acuerdos y tenían el pulso social para hacer modificaciones en su interior, o reprimir, al tener el control gubernamental. El problema ocurrió cuando los grupos ortodoxos se negaron a entender el cambio social para continuar de la misma forma.
La errónea interpretación de la realidad y los deseos de permanecer igual llevaron a perder el control de las distintas fuerzas a su interior; incluso, en el seno de familias nucleares, y por continuar con el poder, hubo rupturas y hasta asesinatos.
En cuanto a los plurinominales, considero que la propuesta de la titular del Ejecutivo Federal es positiva. La disminución de diputados y senadores no fue bien vista, por lo que aceptó continuara la composición actual de la Cámara baja, con los 300 diputados uninominales y 200 plurinominales, pero con la salvedad que también fueran electos.
Con ello, el listado de plurinominales no estaría bajo la designación de los partidos, pues de inicio se determinó esa fórmula para la representatividad de las minorías, pero se pervirtió cuando los partidos utilizaron esos espacios para tener un mayor número de votos en el Congreso de la Unión, además de que quienes serían designados son parte de los grupos de poder de esas organizaciones partidistas.
Igual, el argumento de regresar al partido de Estado lo impidió y la reforma electoral no pudo lograr que se quitara ese control partidista. La misma suerte tuvo el quitar el fuero a los integrantes del Congreso de la Unión.
No obstante, el cambio social ocurre. El manejo de las plurinominales, también sucederá. Es cuestión del tiempo que la integración del Poder Legislativo y el sistema de representación política deje de ser un monopolio de las dirigencias partidistas.
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