María del Carmen Bonilla Rodríguez, Subsecretaria de Hacienda, destacó en el podcast Norte Económico de Banorte que México va a mover cerca de 5.6 billones de pesos entre 2026 y 2030 en energía, transporte, agua, educación, salud y puertos; el objetivo declarado es ambicioso y necesario: crecer en promedio cerca del 3 por ciento anual, atraer inversión privada y aprovechar el nearshoring que está reorganizando las cadenas globales de suministro.
Es, sin duda, la apuesta más importante en infraestructura que ha presentado un gobierno federal en años. Y, desde mi punto de vista, es la oportunidad histórica que el país llevaba décadas esperando.
Por qué es una buena noticia
Primero, el monto y el modelo. 5.6 billones de pesos en cinco años equivalen a una inversión pública-privada que podría llegar al 1.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Eso es más del doble de lo que México ha invertido históricamente en promedio. El multiplicador que mencionó la subsecretaria (cada peso invertido genera hasta 2.5 pesos de actividad económica) no es un número mágico: estudios del Banco Mundial y el FMI lo confirman cuando los proyectos se ejecutan bien.
Segundo, el timing. Nunca había sido tan favorable. Miles de empresas están saliendo de Asia y buscando producir más cerca de Estados Unidos. México tiene la ubicación, la mano de obra y ahora, al menos sobre el papel, un plan para ofrecer energía, puertos, carreteras y agua confiable. Si logramos captar aunque sea una parte de ese nearshoring, el efecto en empleo y crecimiento será multiplicador.
Tercero, el enfoque mixto. El gobierno mantiene la conducción estratégica pero comparte costos y riesgos con privados mediante FIBRAs, Fonadin y esquemas en energía. Eso es inteligente: permite ampliar la inversión sin endeudar más al país y, al mismo tiempo, obliga a los proyectos a ser rentables y eficientes.
Las alertas rojas que no podemos ignorar
Sin embargo, como mexicana que ha visto muchos planes grandiosos terminar en subejercicio y escándalos, soy prudente.
Tres riesgos concretos saltan a la vista:
1. Ejecución. Tenemos más de mil 500 proyectos en evaluación. ¿Cuántos se licitarán este 2026? ¿Con qué transparencia? La historia reciente (Tren Maya, Dos Bocas, aeropuerto de Santa Lucía) nos enseñó que los anuncios son fáciles; terminar obras a tiempo y sin sobrecostos es otra cosa.
2. Disciplina fiscal. Todo depende de mantener finanzas públicas estables. Si el déficit se desborda o la deuda crece sin control, los inversionistas privados simplemente no vendrán. La subsecretaria lo reconoció: la estabilidad es elemento clave para atraer inversión.
3. Dependencia energética. Más de la mitad de la inversión parece ir a energía. Si seguimos apostando casi todo a hidrocarburos y CFE sin acelerar renovables y transmisión, corremos el riesgo de quedarnos sin la energía limpia y barata que las empresas nearshoring realmente demandan.
Lo que México debe exigir
Este plan no es solo del gobierno: es de todos. Para que funcione, debemos exigir tres cosas mínimas:
– Reglas claras y licitaciones transparentes (nada de “adjudicaciones directas” disfrazadas).
– Un tablero público de avance mensual de los mil 500 proyectos.
– Que la banca de desarrollo siga apoyando a las medianas empresas (el billón de pesos que ya colocaron en 2025 es un buen inicio).
Si logramos eso, el Plan 2026-2030 no será otro boletín más: será el parteaguas que lleve a México del crecimiento anémico (1.5-2%) al 3% sostenido y, con suerte, más allá.
El nearshoring no va a esperar. Las empresas que hoy deciden dónde instalar su próxima planta no van a dar segundas oportunidades. México tiene la mesa puesta: ubicación, momento geopolítico y ahora un plan con recursos.
La pregunta ya no es si queremos crecer. La pregunta es si esta vez vamos a ejecutar de verdad.
¿Qué opinas tú? ¿Crees que esta vez sí?
El país está atento…
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