El Instituto Nacional de Salud Pública, junto con organizaciones civiles, presiona a la Secretaría de Economía para revisar de forma urgente la Norma Oficial Mexicana NOM-194 y demás regulaciones de seguridad vehicular. Estas normativas anticuadas incumplen la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, dejando a vehículos nuevos sin tecnologías salvavidas esenciales como el frenado autónomo de emergencia.
Los siniestros viales representan una carga económica devastadora para México: 17 mil millones de dólares anuales, equivalentes al 1.3 por ciento del Producto Interno Bruto.
En 2024 fallecieron 16 mil 646 personas en accidentes viales, manteniendo la trágica tendencia de más de 16 mil defunciones anuales; además, 70 por ciento de las víctimas mortales son usuarios vulnerables de la vía: peatones, ciclistas y motociclistas que merecen mayor protección.
La doctora Carolina Pérez, investigadora principal del Instituto Nacional de Salud Pública, advierte que “nos encontramos ante un problema completamente prevenible que genera discapacidades permanentes y profundiza desigualdades sociales. Una regulación vehicular más robusta resultaría altamente costo-efectiva, con capacidad para reducir hasta un treinta y cinco por ciento las muertes viales».
Stephan Brodziak, coordinador de la campaña de seguridad vehicular de El Poder del Consumidor, enfatiza la necesidad de un enfoque de sistema seguro: «No se trata de fallas individuales sino sistémicas. Los fabricantes de automóviles deben responder con diseños que toleren el error humano inevitable y protejan especialmente a peatones y ciclistas. Dejar la seguridad vial únicamente en manos de la industria automotriz ha demostrado ser insuficiente para salvaguardar vidas».
Areli Carreón, del equipo coordinador de la Coalición Movilidad Segura, subraya la urgencia jurídica: «Existe una desconexión clara entre la Ley General de Movilidad y su aplicación técnica. Mantener la NOM-194 sin actualizarla constituye un incumplimiento directo de la legislación vigente y perpetúa condiciones estructurales de riesgo que cuestan miles de vidas anuales, además de miles de millones en atención médica y pérdida de productividad».
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