Intervencionismo es la palabra que describe la actuación de los Estados Unidos. No es una frase resultado de alguna fobia hacia ese respetable país; sin embargo, al leer un poco de historia plasmada en libros y estudios serios, así como la que pasa de manera cotidiana en información periodística se observa y confirma:
Vietnam, Afganistán, Irak, Irán, Panamá, Colombia, Venezuela y donde quiere meter mano: Groenlandia, Canadá y, otra más, en México; no olvidemos la invasión que le generó ampliación de su país que le costó a la nación mexicana más de la mitad del territorio y que es donde genera mayor explotación de recursos naturales.
Es parte de la repartición del mundo: la ex URSS con miras en los minerales de Ucrania y EU en América Latina, en donde, la más reciente, secuestró al dictador venezolano y abrió en su totalidad la puerta a las empresas gringas para extraer esos recursos que se tienen en el subsuelo, cuyas reservas están estimadas como las mayores del mundo.
Esa intervención no solo es militar. Los ámbitos político, económico, financiero, comercial son utilizados. También hay que considerar el ámbito académico. Décadas hace, desde el siglo pasado, que se leía y escuchaba de las instituciones político-policiacas de USA, en particular la CIA, el FBI, Inteligencia Nacional, el Tesoro, Seguridad Interna, de Justicia, así como embajadas, consulados y organizaciones que se dicen de la sociedad civil que son financiadas por el gobierno y grupos de poder de ese país.
Además de los políticos mexicanos, incluso periodistas, que forman parte de sus filas, tienen oficinas habilitadas en instituciones de seguridad, y otras, en las que desarrollan sus actividades, muchas de ellas encubiertas en presunto apoyo o coordinación.
México es estratégico. Más para EU. De ahí que décadas hace intervengan en la política interna. Con la transformación que ocurre en los poderes del Estado mexicano existe un discurso que les impide intervenir de manera más directa, pero eso no significa que no ocurra.
No obstante, esos cambios a nivel interno y acuerdos de México con otros países, que han generado mejoras en la población y en la poca distribución de la riqueza, afecta los intereses de los grupos de derecha de aquel país, lo cual los obliga a tomar distintas medidas para continuar con el control de los espacios económico-políticos.
La presión es ejercida desde distintos ámbitos. Desde la seguridad, anteriormente daban ayuda económica, según ellos, pero de esos mismos recursos se les compraba equipo aéreo, táctico y armas, entre otros, como ocurría con la Iniciativa Mérida, con fondos también de la Agencia de EU para el Desarrollo Internacional (USAID), cuyas funciones no desaparecieron, sino las asumió el Departamento de Estado de ese país. Al ser cancelado el acuerdo el sexenio pasado hubo otras formas de presión; en particular, la económica.
El carecer de políticas económicas adecuadas ha obligado a los gobiernos mexicanos históricos a ceder y recibir lo que los gringos consideran. La frágil economía ha permitido que la fuerza de trabajo de miles de mexicanos se vayan en busca de mejoras en sus ingresos y para su familia, al permitir ser explotados, a cambio de menor pago que el permitido por la ley de ese país, pero que es muy llamativo por el tipo de cambio, lo que se traduce en ingresos que en territorio nacional no obtendrían.
El actual gobierno estadunidense ha incidido de manera inadecuada y hasta ilegal, al expulsar a ciudadanos estadounidenses con raíces mexicanas. Además, cierra el acceso a los bancos mediante una orden ejecutiva en la que se revise la ciudadanía de sus clientes, con lo que el flujo de remesas se obstruye, hecho que afectará necesariamente.
En el 2025, fueron casi 62 mil millones de dólares, lo cual fue menor en comparación con años anteriores. Gran parte del envío de remesas se envía a territorio nacional por bancos y las llamadas remesadoras.
También, el enfrentamiento en el Oriente Medio fue buscado, premeditado, con el propósito de controlar esa zona importantísima de la distribución de energéticos… Ampliarse aún más y cambiar la situación económica estadunidense, que no es la mejor, para obtener más recursos para una élite, porque la población padece del incremento de los hidrocarburos, que genera, a la vez, alza generalizada.
Previo, es importante recordar que su dirigente, en público, pertenece a los grupos negacionistas del calentamiento global, por lo que sus políticas están orientadas hacia los combustibles fósiles; es evidente lo que persigue, al ser el principal productor de petróleo del mundo.
La presión de EU por los ámbitos financiero del gobierno (empuja más a Pemex y CFE, cuyo interés es apropiarse), que refiere un lento crecimiento, ratifica el grado de inversión, pero lo cambia a perspectiva negativa. Primero, lo hizo con la deuda soberana del gobierno de México; luego, institucional: Pemex, CFE, Banco de Comercio Exterior, Nacional Financiera y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, así como cinco bancos.
Entre los argumentos están las prioridades políticas (soberanía energética y modelo de gasto redistributivo), que debilita la eficacia de la política fiscal (también quiere sea modificada, mediante grupos de presión internos y externos, que lo hacen de dominio público en plataformas y medios de comunicación), lo que genera mayor déficit y deterioro mayor de la deuda, por el bajo crecimiento de la economía.
Lo interesante del asunto es que tres (Standard&Poors, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings), de las ocho calificadoras significativas (DBRS Morning Star, Kroll Bond Rating, Agency, HR Ratings, Japan Credit Rating Agency y Rating and Investment Information), son consideradas las principales. Acaparan el 95% del mercado. Se estima que la primera y la segunda, 40% cada una, mientras que la tercera el 15 restante.
Sin embargo, pertenecen al círculo de poder de EU, además que han sido calificadas de especulativas y de manejo de información falsa, por lo que hasta han sido multadas por autoridades europeas, lo cual les ha restado legitimidad, además de que tienen un conflicto de interés, porque las empresas a las que califican las financian. No obstante, son tomadas en cuenta por los inversores.
Otra forma de presión es mediante los actores políticos y su vínculo con el crimen organizado. Éste no puede desarrollarse sin el cobijo político. Igual, desde hace décadas que los grupos de poder fáctico inciden, al tener vínculos con el poder político, cuyo primer eslabón está en las presidencias municipales. También, entre los empresarios a diferentes niveles, pero principalmente las grandes empresas.
El discurso refiere al narcotráfico y el lavado de dinero, así como los delitos que lo rodean, como el tráfico de armas, negocio de millones de dólares, y el lavado de dinero, el cual es tan alto que ha generado lo que se conoce como la narcoeconomía, la cual ocurre en México, EU y muchos más países de los que se habla.
El robo y contrabando de combustible procedente de México. Igual, no es un secreto que tiene muchos años su ocurrencia y había sido efectuado por los grupos de la cúpula del poder, con sus brazos operativos y coercitivos institucionales y células armadas, solo que ahora se visualizó con el cambio de poder.
Ocurre en Estados Unidos y en México la delincuencia organizada. Solo que el poderoso culpa a los otros de ser responsables. Las amenazas, vía represalias, económicas, como el sistema arancelario, o militares de invasión territorial o captura de políticos ligados a esos asuntos, genera respuestas en los países con economías frágiles, dependientes del gran mercado del norte del continente americano.
De ahí que se obligue al alineamiento de los países a las políticas de EU, además de los grupos de derecha o extrema derecha que gobiernan en esas naciones, resultado de las intervenciones vía institucional, con las organizaciones que financian movimientos o las agencias referidas anteriormente, o por la fuerza.
El país que no lo haga paga las consecuencias.
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